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Esta mañana se firmó un convenio, entre la Oficina de la Mujer y la Procuración General, el cual busca implementar acciones conjuntas tendientes al correcto abordaje desde la Justicia de los procesos vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual.
La ministra Carmen Argibay encabezó el acto de firma de convenio.
Acompañaron a la doctora Argibay, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti, la vicepresidenta del Tribunal, doctora Elena Highton de Nolasco, y el procurador general de la Nación, doctor Esteban Righi, quien marcó la dificultad al abordar la trata de personas es notable en todos los ámbitos.
Sostuvo que “su definición jurídica era engañosa, ya que establecía que no había trata en los casos en que había consentimiento de la víctima, lo que requiere de una redefinición del concepto de consentimiento”.
Estuvieron presentes en el acto los embajadores/as de Bolivia, del Reino Unido de Gran Bretaña, Egipto, Servia, Pakistán, EE.UU., Suecia, Guatemala y Francia; la defensora general de la Nación, Estela Maris Martínez; la vicegobernadora de la provincia de Misiones, Sandra Gimenez; el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, doctor Mario Fera; legisladores y representantes de organizaciones civiles. Cabe destacar que el acto concluyó con la interpretación del tema “Novicia” por Víctor Heredia.
La Oficina de la Mujer y la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) han elaborado material de capacitación para abordar ese delito, herramienta que podrá ser utilizada conjuntamente por ambas instituciones. El proyecto ha recibido apoyo y financiación de Naciones Unidas.
A su vez y en simultáneo, tribunales de todo el país realizaron este miércoles jornadas de trabajo en talleres para introducir la perspectiva de género en el Poder Judicial, en el marco de una iniciativa de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia la Nación.
Los objetivos de la iniciativa son impulsar un proceso de incorporación de la perspectiva de género tanto en la prestación del servicio de justicia como en el ámbito de las relaciones laborales que su ejercicio involucra.
